La Asociación de Vecinos Los Rosales, se siente plenamente identificada con los objetivos de la carta, por eso se ha adherido a ella. Entendemos que defender lo público, lo de todos, supone entre otras cosas defender a los más débiles, los que más necesitan de unos servicios públicos puestos en duda por un neoliberalismo que se está frotando las manos con gobiernos como el de Madrid.
Derecho a la Salud
La ciudadanía tiene
derecho a la salud entendida como el bienestar físico, mental y social. Es obligación de los gobiernos velar porque este derecho sea realidad mediante la aplicación de medidas preventivas, prestaciones sanitarias o con los servicios necesarios para ello.
Derecho a una asistencia sanitaria de calidad, equitativa, gratuita en el momento de uso, con carácter redistributivo, como reconoce nuestro Sistema Sanitario Público.
Derecho de la ciudadanía a participar en la planificación de los recursos sanitarios y en el control de los mismos, a través de los medios legales existentes.
Derecho a disfrutar de los cuidados socio sanitarios en situaciones de dependencia física o psíquica.
Derecho a una promoción de vida saludable, entendida como promoción del medio a
mbiente saludable, seguridad alimentaria y promoción de costumbres y usos saludables.
Derecho del hombre y la mujer a la atención de la salud sexual y reproductiva con el acceso a la información y al uso de los métodos seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles que permitan su planificación.
Derecho a que se implante, desarrolle y potencie un modelo de atención de base comunitaria, apoyado en una red integrada de dispositivos con los centros de salud mental como ejes de la atención, dotados de equipos multidisciplinarios capaces de dar una respuesta integral a todos los problemas de salud mental y en cuya planificación, organización y gestión tengan un papel relevante las asociaciones de usuarios, familiares y profesionales.
Derecho a una red sanitaria única que integre a los dispositivos de atención a la salud mental, a las drogodependencias y a la rehabilitación psicosocial, que funcione con un modelo de atención territorializado con responsabilidad asistencial plena sobre todos los problemas y trastornos mentales.
Derecho a la educación
Derecho a una educación pública, universal, gratuita, equitativa, inclusiva, laica, participativa y de calidad. Este derecho se deberá garantizar a través de una Ley de Financiación.
Derecho una Red de Centros Públicos que garantice un número de plazas igual o superior a la media de la necesidad de plazas escolares, en los últimos diez años, de la zona.
Derecho a la evaluación continua y externa del Sistema Educativo.
Derecho a la coordinación
y cooperación de la Administración Central , Autonómica y Local, entre ellas y, con la Comunidad Educativa y la Sociedad Civil en el diseño y ejecución del modelo educativo.
Derecho a la formación continua de los ciudadanos a lo largo de sus vidas
Derecho del profesorado a un estatuto docente.
Derecho del alumnado a recibir una educación acorde con su individualidad y la sociedad en la que convive.
Derecho y deber de los padres y madres a participar en los órganos y espacios públicos educativos en igualdad de condiciones que el resto de la Comunidad Educativa , con independencia de su procedencia, condición social, cultural y recursos económicos.
Derecho a garantizar por ley la financiación de la Universidad Pública Madrileña.
Derecho a una Red Pública de bibliotecas que establezca un punto de servicio (biblioteca) por cada diez mil habitantes, garantizando el servicio en la proximidad.
Derecho a un trabajo digno
Reclamamos:
Potenciación de los
servicios públicos de gestión directa como medida generadora de empleo y de calidad de los derechos sociales.
Creación de
empleo público para hacer frente a las necesidades sociales, como la aplicación de la Ley de Atención a la
Dependencia en la Comunidad de Madrid, la extensión de la educación infantil y la
mejora de los servicios públicos sanitarios.
Creación directa de empleo por parte de la Administración mediante el impulso de la
obra pública, rehabilitación de viviendas y la realización de servicios esenciales vinculados a la educación, la sanidad y atención a la dependencia.
Derecho a la renta básica
La Comunidad de Madrid garantizará al conjunto de toda la población de la Comunidad la percepción de una prestación denominada
Renta Básica de Ciudadanía (RBC).
La Renta Básica Ciudadana tendrá carácter de derecho subjetivo y se prestará de forma
individual e universal.
El derecho a la percepción de la RBC tendrá un carácter eminentemente incondicional, solamente sujeto a la condición de residencia permanente en la Comunidad de Madrid
La Renta Básica Ciudadana podrá reemplazar totalmente a cualquier otra prestación no contributiva de igual o menor cuantía, o a la parte correspondiente de una de mayor cuantía. En todo caso, el establecimiento de la Renta Básica Ciudadana no implicará para ninguna persona una pérdida de su poder adquisitivo derivado de prestaciones públicas, ni conllevará en ningún caso la pérdida de derechos adquiridos relativos a prestaciones contributivas.
Derecho a unos impuestos justos y suficientes
Derecho a una política fiscal basada en el predominio de la imposición directa que grava renta y patrimonio, frente a la imposición indirecta que grava el consumo.
Derecho a la progresividad en el tramo autonómico del IRPF.
Derecho ciudadano a participar en la elaboración de los presupuestos y en la definición de las prioridades del gasto a través de los mecanismos de unos presupuestos participativos.
